1) Cuando fallamos en nuestros negocios, la gente debemos hacernos cargos de las duras consecuencias económicas. Con el Castor Florentino y ACS fallaron; no debemos pagar sus fallos, los tienen que pagar ellos.

Hemos preparado una Proposición de Ley para facilitar la tarea al legislador, para que no le tiemble el pulso cuando tiene que hacer la cosa justa. Aquí la tenéis, solo se tiene que aprobar (véase Proposición anexa).

ACS de Forentino Pérez debe pagar la deuda por el Castor. Dirán que las cosas les van mal por la Covid-19. Como a todo el mundo. Pero hemos calculado que pueden pagar (véase Proposición anexa), sin contar con el Plan de Ayudas por la Pandemia que no dudamos les tocará.

Además la prueba de que sí pueden es que siguen repartiendo dividendos.

2) Cómo víctimas potenciales de los efectos negativos que puede tener la sentencia del tribunal Supremo, para nosotras y para las políticas públicas futuras, plantearemos en las próximas semanas una demanda ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y pediremos un pronunciamiento de la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

Cuando las instituciones hacen dejación de funciones, como sociedad civil debemos organizarnos y actuar.

Consideramos que la solución al falso problema del Castor está a la vista; en la legislación vigente. Todas las demás maniobras solo quieren ahondar en abusos y privilegios que no se deben consentir en una democracia que se pretende tal.

Hace casi dos años, in extremis, logramos evitar de nuevo que el despropósito del Castor se cargara en nuestra factura del gas.

Poco después, los tres grandes bancos con los derechos de cobro de la indemnización del Castor -Banco Santander, Bankia y CaixaBank-, interpusieron una demanda ante el Tribunal Supremo con el objetivo de recuperar el dinero entregado a Escal UGS-ACS de Florentino Pérez.

Bajo el amparo de este artículo no solo se pueden, sino que se deben emprender diligencias para que ACS, socia mayoritaria de Escal UGS (empresa concesionaria del Castor) y demás indemnizados, devuelvan la indemnización recibida por el proyecto Castor, hasta que se resuelva el mecanismo de pago de la misma. Este es el dinero que reclaman los bancos por los préstamos que otorgaron para la indemnización del Castor.

Para responder a las posibles objeciones de inviabilidad, aseguramos que se han estudiado a fondo las condiciones. El texto de la Proposición de Ley incluye un análisis del estado contable de ACS y cuatro posibilidades para que ACS haga efectivo el retorno de la indemnización.

* El grupo ciudadano Caso Castor lo componen las organizaciones de la sociedad civil: Xnet, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) e Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC). Este grupo promovió en 2018 una querella criminal por el caso Castor ante la Audiencia Nacional. La querella quedó finalmente archivada.

#LeyCastor
prensa@casocastor.net
https://casocastor.net/

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«Conoce a tus multimillonarios», un retrato de Europa a través de sus más ricos.
Una historia sobre el aumento de la desigualdad y una democracia debilitada.

Mañana 14 de febrero Eurostat publicará los datos de crecimiento en PIB de la Unión Europea. Se prevee en torno al 1%. Pero el crecimiento es una gran trampa. A parte de chocar de frente con los límites biofísicos del planeta, las desigualdades aumentan, los ricos son cada vez más ricos y el mundo tiene más multimillonarios cada año. Oxfam señaló en su informe sobre desigualdad global del año pasado que hay un nuevo multimillonario creado cada dos días entre 2017 y 2018.

Si bien se dedicaó mucha más atención a los súper ricos de los Estados Unidos, China o incluso Rusia, Europa también tiene un número creciente de multimillonarios. El informe ‘Conoce a tus multimillonarios’ analiza algunas de las figuras clave en el continente. Se trata de personajes que están vinculados a algunas de las corporaciones más grandes de Europa, como BMW, Ferrero, LVMH, ACS o Ineos. La mayoría de ellos provienen de la parte occidental del continente, aunque hay un número creciente de multimillonarios de Europa del Este, que ahora invierten cada vez más en países como Francia o Alemania.

La historia de cómo amasaron su riqueza a menudo también es la historia de muchos de los males de nuestros sistemas económicos y sociales, que han generado los mismos problemas que el Foro de Davos pretendió abordar el pasado mes de enero. Una historia de privilegios fiscales, financiarización y distribución de dividendos, gran dependencia de subsidios públicos y licitaciones, estructuras corporativas secretas, daños ambientales o salarios y condiciones de trabajo deficientes.

Los niveles de desigualdad se están volviendo no menos astronómicos en Europa que en otras partes del mundo. La riqueza del multimillonario húngaro Lőrinc Mészáros representa más de 161.000 años del salario mínimo de su país. Para Jim Ratcliffe, son más de 623.000 años del salario mínimo del Reino Unido. El patrimonio neto de Florentino Pérez 1.800 millones de euros, más de 142.000 años del salario mínimo español. Para Bernard Arnault, sus activos de más de 63 mil millones de euros representan más de 3 millones de años del salario mínimo francés.

Si bien se ha dicho mucho sobre el papel político y la influencia de los multimillonarios en los Estados Unidos, comenzando con el actual presidente Donald Trump, los súper ricos de Europa también ejercen una influencia política considerable y creciente. Cultivan estrechas conexiones con líderes y funcionarios políticos, gastan grandes cantidades de dinero en actividades de lobby, financian partidos políticos (principalmente de corte conservador o de extrema derecha), son dueños e influyen en los medios de comunicación… y a veces deciden entrar en política ellos mismos, como el actual primer ministro checo Andrej Babiš.

El informe «Conoce a tus multimillonarios» está disponible íntegro en inglés en la web de ENCO

y en castellano en tres piezas ampliadas sobre Florentino Pérez, publicado por La Marea:

• Florentino Pérez, el poder de la seducción

• El constructor VIP y su proyecto Castor

• ACS, el imperio en el que nunca se pone el sol

Contacto prensa: prensa@casocastor.net

NOTAS

Presentando estudios de caso sobre Jim Ratcliffe (Reino Unido), Florentino Pérez (Estado español), Lőrinc Mészáros (Hungría), Christoph Blocher (Suiza), la familia Ferrero y la familia Agnelli (Italia), Albert Frère (Bélgica), Iskandar Safa (Francia- Líbano), Susanne Klatten y Stefan Quandt (Alemania) y Andrej Babiš (República Checa). Algunos de ellos también están disponibles en francés y castellano.

El informe ‘Conoce a tus multimillonarios’ ha sido facilitado por la Red Europea de Observatorios de Transnacionales (ENCO), una red de organizaciones de la sociedad civil y de medios de comunicación de toda Europa dedicada a investigar a las corporaciones y su influencia. Para obtener más información sobre ENCO y sus informes anteriores, consulte su sitio web.

El informe incluye contribuciones de Corporate Watch, Grupo Caso Castor con La Marea, Atlatszo.hu, Gresea, Observatoire des multinationales, Goliathwatch y Denik Referendum.

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Resumen:

El informe “Vulneración de derechos en el proyecto Castor” es un joint submission presentado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), que conforman el grupo ciudadano “Caso Castor”. El objetivo de este informe es denunciar que desde el último periodo de comunicación de las partes interesadas para el Examen Periódico Universal, el Gobierno de España ha tomado diversas decisiones sobre el proyecto Castor que han vulnerado los derechos humanos a través de la corrupción, el derecho a la calidad de vida y de los consumidores y el derecho al medio ambiente. Los acuerdos internacionales vulnerados han sido los artículos 1, 4 y 11 del Pacto Internacional de los derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de la vulneración indirecta del respeto, protección y efectividad del interés general y de los derechos fundamentales de la ciudadanía. También se ha vulnerado el artículo 14 del Convenio de Diversidad Biológica. Las entidades que conformamos el grupo ciudadano “Caso Castor” exigimos que la empresa concesionaria, ESCAL UGS S.L, retorne el importe integro que se le retribuyó tras su renuncia a la concesión y se le imputé los costes asociados al desmantelamiento de dicha infraestructura.

Descarga del documento completo.

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En ese consejo de ministros se decidió la medida excepcional de indemnización a ESCAL UGS S.L. a través de ENAGÁS TRANSPORTE, en menos de 35 días y en un único pago, además de un derecho de cobro a costa del sistema gastista, y concretamente, con cargo a la factura mensual de los ciudadanos por 30 años, no solo por esta cantidad, sino por los trabajos que esta sociedad llevaría a cabo en concepto de “mantenimiento de las instalaciones”, trabajos que ascendían a unas cantidades elevadísimas.

El grupo Caso Castor justificaba su solicitud en base a la Sentencia del Tribunal Constitucional que de 21 de diciembre de 2017 que consideró que esta decisión fue “una inadecuada alteración del sistema de fuentes del derecho que choca con el art. 86.1 CE” por lo que el grupo Caso Castor considera fue adoptada de forma inadecuada y comportaron perjuicios a las arcas públicas.

Pero la Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que debemos ser nosotras las encargadas de probar el daño real y efectivo en los fondos públicos. Considera que la Fiscalía no puede entrar a valorar si una decisión ha sido oportuna o no aunque esto no fue así al menos en la primera sentencia del Tribunal de Cuentas para los fondos buitre del gobierno de Anna Botella en Madrid.

Desgraciadamente nosotros no somos el Tribunal de Cuentas y no tenemos potestad ni posibilidad para indagar procesos absolutamente opacos que no han respetado los mínimos exigibles en materia de transparencia. Así que otro episodio del los abusos sistémicos quedarás sin ser investigado aunque no desfallecemos y seguimos buscando cauces para que se haga luz y justicia sobre el despropósito del Castor.

Descarga de la denuncia ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

Descarga del escrito de archivo de la denuncia.

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Esta noticia era la esperada. En realidad es una buena noticia porque nos permite llevar el caso a instancias europeas.

El argumento del TC para rechazar el recurso es que no lo considera “de interés constitucional”.
Para nosotros la tutela judicial efectiva sí es un tema recogido y amparado por la Constitución, que en este caso no está siendo garantizado a la ciudadanía que ha pagado y sufre las consecuencias del proyecto Castor.

Nos vamos a Europa.
Seguimos.
Pronto noticias.

Resolución recurso de amparo al TC por el Caso Castor

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Gracias a la acción ciudadana que promovimos bajo #NoEnMiFactura, hemos conseguido in extremis que el Gobierno no incluya nuevamente el mantenimiento del Castor en nuestra factura del gas, tal y como en un primer momento habían planteado en la orden ministerial.

La respuesta a la propuesta del Ministerio, a través del colectivo Caso Castor y la campaña #NoEnMiFactura, han sido exitosas y han obtenido una clara victoria: durante el 2019, no vamos a pagar los más de 8,7 millones de euros.
El envío de decenas de alegaciones en el proceso de participación pública por parte de actores del colectivo Caso Castor y de la ciudadanía, ha confrontado al Ministerio con la realidad del otro lado: la sociedad civil hace una observancia permanente y ejerce la autotutela de sus derechos exigiendo el no pago del Castor y su desmantelamiento.
A pesar de esta clara victoria, ENAGAS ya ha hecho efectiva su reclamación patrimonial al Estado, por lo tanto, en 2019 el Castor seguirá siendo noticia.

Antecedentes: Nuestro post de llamada a la acción del 17/12/2018

URGENTE – LLAMADA A LA ACCIÓN – El Gobierno quiere incluir el coste de mantener Castor en la factura del gas

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Página web de la consulta pública:
https://www.mincotur.gob.es/energia/es-es/Participacion/Paginas/peajes-canones-asociados-terceros-instalaciones-gasistas.aspx

Di #NoEnMiFactura participando en la consulta pública.

ACTUALIZACIÓN 18/12/2018 10:00h : El Ministerio amplia plazo hasta el 18 de diciembre para presentar las alegaciones y facilita un nuevo mail: SGH@MINETAD.ES  Envia tus alegaciones indicando en el asunto “Normativa. Orden retribuciones y peajes gas natural”.

Escribe que no queremos pagar por tercera vez el Castor.

• Queremos que lo paguen los responsables: ACS y los políticos que permitieron este despropósito.
• Es absolutamente posible y de justicia.
• Queremos un Gobierno que se encargue de depurar responsabilidades, no que prolongue el saqueo perpetrado por el proyecto Castor.

Además os recordamos que nosotros como grupo Caso Castor, justamente por esto, hemos abierto una querella  – ahora en el Tribunal Constitucional  – y preparamos otras acciones para principios del 2019 para que NUNCA más paguemos nada por el Castor y para que devuelvan el dinero que ya hemos pagado.

—-

Veamos en qué consiste exactamente el plan del Gobierno

Consideran que ACS -presidida por Florentino Pérez- y los demás responsables del Castor son pobres y les tenemos que dar dinero nosotros una vez más. Y así amenazan. Fragmento de la orden ministerial:

«Asimismo, y al objeto de evitar el abandono incontrolado de la instalación, se considera perentorio dotar a la empresa responsable de la administración de las instalaciones de los  medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control que garanticen la seguridad de la instalación para las personas y el medioambiente.»

El plan del Gobierno consiste en incluir el coste de operación y mantenimiento del proyecto Castor en la retribuciones por peajes del sistema gasista para 2019.

Desde el año 2014, se ha incluido en las retribuciones anuales por peajes del sistema gasista la parte correspondiente a la indemnización concedida a ESCAL UGS tras renunciar a la concesión de explotación del proyecto Castor, más de 80 millones de euros, y el coste de operación y mantenimiento mientras se encuentra en estado de hibernación: más de 15 millones de euros.

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional a finales del año pasado -donde se apuntaba que el procedimiento y el carácter de urgencia utilizados para hacer efectiva la indemnización de 1.350 millones de euros a ESCAL UGS no eran adecuados- y que la CNMC suspendiese los pagos a los bancos que habían ofrecido el préstamo para sufragar la deuda generada, podía parecer que el proyecto Castor ya no estaría incluido en las retribuciones del sistema gasista para 2019. Pero este no ha sido el caso, ya que se ha incluido el coste de operación y mantenimiento, casi 9 millones de euros, tras auditar los costes de está misma actividad durante el año 2017. El hecho de que si se haya incluido el coste de operación y mantenimiento y no la parte correspondiente a la indemnización, es que se han utilizado aquellos artículos y disposiciones del Real Decreto de la renuncia a la concesión que no han sido anulados por la sentencia del Tribunal Constitucional que permitían hacer esta interpretación y dejar sin ningún efecto dicha sentencia.

El motivo por el que se justifica la incorporación del proyecto Castor en las retribuciones por peajes del sistema gasista para 2019 es con el objetivo de evitar el abandono incontrolado de la instalación, por lo que se quiere dotar a Enagás Transporte S.A.U, actual empresa responsable del proyecto Castor, de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control que garantice la seguridad de la instalación para las personas y el medioambiente.

Desde el grupo ciudadano Caso Castor creemos que es un acto irresponsable que la ciudadanía tenga que seguir pagando a través de la factura del gas el coste de operación y mantenimiento de una infraestructura que se encuentra en hibernación y que nunca ha entrado en funcionamiento. Pedimos al Gobierno que en el próximo Acuerdo de Consejo de Ministros, donde se establecerán dichas retribuciones, se apruebe el desmantelamiento del proyecto Castor.  Lo que también exigimos es que se empiece a devolver a la ciudadanía aquello que ya hemos pagado, como apuntan las sentencias del Tribunal Supremo del pasado mes de noviembre y de la semana pasada, que instan al Gobierno a que devuelva 118 millones de euros, que es lo que se cobró en las retribuciones por peajes de los años 2014 y 2015.

A diferencia de lo que insta la Cecot, que es quien ha presentado los recursos judiciales anteriores, creemos que debe ser la empresa concesionaria, ESCAL UGS, quien haga efectiva la devolución de este dinero, ya que es la responsable de la construcción de este proyecto fallido y porque si lo asume el Gobierno, la ciudadanía habrá pagado dos veces por lo mismo. En el caso de un posible desmantelamiento, también exigimos de que su coste sea asumido por ESCAL UGS.

– Página web de la consulta pública:
https://www.mincotur.gob.es/energia/es-es/Participacion/Paginas/peajes-canones-asociados-terceros-instalaciones-gasistas.aspx

– Enlace Orden Ministerial retribuciones peajes 2019 (texto principal):
https://www.mincotur.gob.es/energia/es-es/Participacion/Documents/peajes-canones-asociados-terceros-instalaciones-gasistas/OM-Retribuciones-Peajes-2019.pdf

– Enlace Memoria Orden Ministerial retribuciones peajes 2019 (texto complementario):
https://www.mincotur.gob.es/energia/es-es/Participacion/Documents/peajes-canones-asociados-terceros-instalaciones-gasistas/Memoria-OM-Retribuciones-Peajes-2019.pdf

– Fragmentos interesantes:

«Asimismo, y al objeto de evitar el abandono incontrolado de la instalación, se considera perentorio dotar a la empresa responsable de la administración de las instalaciones de los medios económicos necesarios para su supervisión, operación y control que garanticen la seguridad de la instalación para las personas y el medioambiente.»

«Sin embargo, el apartado 3º de la disposición transitoria segunda de dicho real decreto ley (RDL 13/2014), que otorgó al titular de la concesión extinguida el derecho al reconocimiento de los costes de mantenimiento y operatividad incurridos hasta la fecha en que la administración de las instalaciones fue asumida por parte de la empresa transportista ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. no fue anulado, como tampoco lo fue el apartado 2º de la misma disposición transitoria que establece que antes del 1 de diciembre de 2014, ENAGÁS TRANSPORTE, S.A.U., asumirá de forma plena la administración de las instalaciones.»

«Artículo 5. Gastos de operatividad y mantenimiento de las instalaciones afectas al artículo 1.1 del Real Decreto 12/2014, de 3 de octubre:
De acuerdo a lo reconocido en la disposición adicional primera de la presente orden, se reconocen costes provisionales de mantenimiento y operatividad a Enagas Transporte, S.A.U. para el año 2019 por valor de 8.730.906 €. (valores que se han calculado en base a los costes auditados para el año 2017 pendientes de aprobación. La cantidad incluye un margen industrial del 5% y se han eliminado las partidas de “Gastos generales de la empresa” y “Otros servicios”. Los primeros por considerarse que los costes indirectos se recuperan mediante los valores unitarios estándar que en su momento ya fueron diseñados así y los segundos por carecer del grado de detalle necesario.)»

«Disposición adicional primera. Abono a Enagas Transporte, S.A.U. de los costes de operatividad y  mantenimiento de las instalaciones afectas al artículo 1 del Real Decreto ley 13/2014, de 3 de octubre.
1. Estos pagos quedan supeditados a lo que establezca el Acuerdo de Consejo de Ministros que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, disponga el desmantelamiento de la instalación o la integración de las instalaciones en una concesión de explotación de almacenamiento.
Dentro de estos costes, se incluirá, como coste adicional, el beneficio industrial, y en los supuestos de subcontratación, el pago de los costes de su gestión y administración.
2. ENAGAS Transporte, S.A.U. remitirá, antes del 31 de octubre de cada año a partir del año 2019, al Ministerio para la Transición Ecológica su plan de costes estimados para el ejercicio siguiente
4. Anualmente, el importe previsto, que podrá estar condicionado, para el ejercicio siguiente, teniendo en cuenta el plan referido en el apartado anterior se incluirá dentro de la retribución reconocida a ENAGAS Transporte, S.A.U.
7. Se reconocen a ENAGAS Transporte, S.A.U., las siguientes cantidades relativas a costes de operatividad y mantenimiento correspondientes a ejercicios anteriores a 2019.
– Año 2017: 8.730.906 €
– Año 2018: 8.730.906 €»

«Retribución provisional por costes de operación y mantenimiento del año 2019 Almacenamiento Subterráneo Serrablo: 7.513.690,50»

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El grupo ciudadano Caso Castor traslada la información de la que dispone y un documento inédito a la Comisión de Investigación Castor del Parlament y pide conseguir más

Hoy 12 de noviembre Alfonso Pérez ha comparecido en representación del grupo ciudadano Caso Castor en la Comisión de Investigación sobre el proyecto Castor en el Parlament de Catalunya para trasladar toda la documentación de la que dispone el grupo, fruto del trabajo con su querella, y para pedir una serie de documentos que consideran claves para avanzar con la investigación.

Esto es lo entregado (novedades puntos 4 y 5):

1. Querella criminal Caso Castor, recurso a la Sala de lo Penal y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
2. 12 documentos incluidos en la querella.
3. 31 documentos provistos a raíz de la investigación llevada a cabo por el ODG y diversas organizaciones de la sociedad civil, como la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia (PCDTS) durante los últimos 5 años.
4. Entrega de un documento inédito: Project Undertaking Deed – Contrato entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ESCAL UGS, julio de 2013. Contiene las condiciones del contrato que se firmó entre el BEI y ESCAL UGS por el proyecto Castor, por el cual ESCAL UGS se comprometía a cumplir con todas las condiciones de plazos y calidad del proyecto, y de establecer una comunicación fluida con el BEI para que éste tuviera la información en todo momento del estado del proyecto. El BEI, al mismo tiempo y como banco público, asumía la responsabilidad de hacer un seguimiento exhaustivo pudiendo exigir responsabilidades a la empresa por cualquier imprevisto tanto en la fase de construcción como en la de operación. El BEI por tanto, tenía los elementos necesarios para controlar a la empresa e incluso, retirar la financiación del banco. Consideramos que, a la luz del resultado del Castor, el BEI hizo un seguimiento deficiente de una inversión tan importante, en un momento que Magdalena Álvarez – persona que pedimos que se investigue en nuestra querella – era Vicepresidenta del BEI, teniendo una fuerte responsabilidad sobre el proyecto.
5. Nuevas peticiones (12 documentos) a raíz de nuestra colaboración con ciudadanos anónimos que se han acercado al grupo ciudadano Caso Castor.
   

Qué pedimos a la comisión:

Para poder estudiar el caso con veracidad y continuar nuestra batalla judicial, necesitamos que afloren documentos que siguen ocultos. Gran parte de estos documentos deberían ser públicos. Tanto nosotros, como los ciudadanos conocedores del caso desde dentro que nos han contactado, los hemos pedido porque no lo son.
Se necesita el dossier técnico completo sobre el proyecto Castor, el cual debería estar disponible, y que involucraría a varios ministerios (y si no está disponible, es importante saber por qué no).
Por eso, y por razones de transparencia de las instituciones democráticas, pedimos esta documentación que a fecha de hoy no es accesible al dominio público (ver listado más abajo).

Desde la sociedad civil organizada, a través del grupo Caso Castor -ODG, Xnet e IDHC como grupo promotor de la querella presentada en la Audiencia Nacional y posteriores acciones jurídicas-, trasladamos a todos los grupos parlamentarios la documentación recogida en la investigación que hemos llevado a cabo durante los últimos años sobre el proyecto Castor.
Como siempre hemos defendido, creemos que la democracia debe ser la colaboración entre la ciudadanía organizada y los representantes parlamentarios.

Justo después de la aprobación de la Comisión Parlamentaria, el Grupo Parlamentario de ERC y el Subgrupo de la CUP contactaron con nosotros para abrir vías de colaboración. Tuvimos varias reuniones de trabajo con el equipo de ERC con fructíferos e intensos intercambios de información y nos reunimos también con la CUP.

Para que la Comisión Parlamentaria sea lo más provechosa posible, ahora queremos trasladar toda la información que tenemos – con algunas nuevas líneas de investigación gracias a la colaboración ciudadana – a todos los grupos parlamentarios. Por otra parte hemos pedido a la Comisión que nos ayude a pedir información útil para las acciones jurídicas que continuaremos llevando a cabo.
Desde el grupo Caso Castor seguiremos avanzando con la investigación y promoviendo la acción ciudadana para depurar responsabilidades y poner fin al fraude y la impunidad en torno al proyecto Castor. Creemos que la coordinación con esta Comisión de Investigación puede ser muy valiosa para profundizar en estos objetivos.

Además hemos pedido a los diputados que nos ayuden a organizar una reunión con la Comisión Parlamentaria del Congreso de los Diputados donde queremos aportar una propuesta. Sorpresa

En cuanto a la vía judicial, recordamos que como grupo ciudadano Caso Castor hemos presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tras de la ratificación del archivo de nuestra querella contra el proyecto Castor por parte de la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional. Planteamos al Tribunal Constitucional que debe existir un compromiso claro por parte de la justicia de investigar la corrupción y los grandes fraudes. Sin este compromiso de investigación y fiscalización hasta las últimas consecuencias, se genera una impunidad que favorece que haya más corrupción. De momento la justicia no ha demostrado mucho interés, por lo que sospechamos que el TC seguirá en esta misma línea y el recurso será un mero trámite necesario antes de abrir el caso a instancias europeas.

=> LISTADO DETALLADO DE LA DOCUMENTACIÓN TRASLADADA Y SOLICITADA
(enlace para descarga al final del listado):

DOCUMENTACIÓN QUE ENTREGA «CASO CASTOR»

1. Documentación inédita

• Project Undertaking Deed – Contrato entre Banco Europeo de Inversiones (BEI) y ESCAL UGS, julio 2013.

Con las condiciones del contrato que se firmó entre el BEI y ESCAL UGS por el proyecto Castor, ESCAL UGS se comprometía a cumplir con todas las condiciones de plazos y calidad del proyecto, y de establecer una comunicación fluida con el BEI para que éste tuviera la información en todo momento del estado del proyecto. El BEI, al mismo tiempo, como banco público, asumía la responsabilidad de hacer un seguimiento exhaustivo pudiendo exigir responsabilidades a la empresa por cualquier imprevisto tanto en la fase de construcción como en la de operación. El BEI por tanto, tenía los elementos necesarios para controlar a la empresa e incluso retirar la financiación del banco. Consideramos que, a la luz del resultado del Castor, el BEI hizo un seguimiento deficiente de una inversión tan importante, en un momento en que Magdalena Álvarez -persona que pedimos que se investigue en nuestra querella- era Vicepresidenta del BEI, teniendo una responsabilidad sobre el proyecto.

2. Documentación que pide “Caso Castor” que aún no se ha pedido a la Comisión

MOTIVACIONES GENERALES

Para poder estudiar el caso con veracidad y continuar nuestra batalla judicial, necesitamos que afloren documentos que siguen ocultos. Gran parte de estos documentos deberían ser públicos, aunque nosotros y los ciudadanos que nos han contactado, los hemos pedido porque no lo son.
Se necesita el dossier técnico completo sobre el proyecto Castor, del que no se dispone.
Por ello y por razones de transparencia de las instituciones democráticas, solicitamos la documentación que no es de acceso público.

REQUERIMIENTOS CONCRETOS Y RAZONES

1) PROYECTO COMPLETO EN FORMATO DIGITAL TANTO TÉCNICO, ECONÓMICO, LEGAL Y COPIA DE CONTRATOS
– El proyecto previo de viabilidad tanto técnico, económico-financiero y de impacto ambiental que debe cumplir para obtener los permisos
– El proyecto aprobado por las Administraciones y su modificación para la construcción: técnico completo con todos los anexos, cálculos, proyecto de ejecución
– El proyecto financiero con copia de los avales, contratos y garantías de cumplimiento, ejecución y seguridad
– Copia de todos los contratos firmados en todos los apartados mencionados

2) Informe de evaluación del estudio de viabilidad técnico-geológica, realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en enero de 2007, a petición del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dentro del marco de estudio y aprobación de la solicitud de concesión de almacenamiento de gas realizado por ESCAL UGS SL, que dio por apto la estructura Castor para el almacenamiento de gas natural.

3) Los documentos denominados «Procedimientos Operativos» son documentos para plantas de gas natural que se elaboran de acuerdo con la norma EN-UNE 1473, (NFPA-59A), y existen de varios tipos. Son convenidos entre la dirección del proyecto de construcción y el cliente, o sus entidades colaboradoras. Los procedimientos operativos puestos en práctica durante las fases de «Pre-comisionado», «Comisionado» y «Puesta en marcha» de las Instalaciones.

4) Acta de Puesta en Marcha. Registro de los resultados en las dos primeras fases en protocolos de todos los sistemas de instalaciones y de máquinas y registro de todas las variables en la fase de «puesta en marcha» por los sistemas de control distribuido (SCD), sistemas de enclaves (SSD) y sistemas de seguridad activa (SSA) de la planta.

5) «Informe final de resultados del proceso operativo» (editado por el equipo responsable de la «puesta en marcha»). Si los resultados obtenidos en la fase de puesta en marcha no cumplen totalmente con las especificaciones del diseño, se crea un documento de «NO CONFORMIDADES» (que también se pide), que servirá para identificar las anomalías y para realizar las correcciones que sean necesarias y una vez resueltas se deben volver a repetir las pruebas de «puesta en marcha».

6) «Informes finales de resultados y de incidencias» y «procedimientos de operaciones» que determinaron la paralización de las instalaciones, emitidos por los técnicos que dirigieron la puesta en marcha de las instalaciones de gas CASTOR; por parte de la empresa adjudicataria de las obras de diseño, compras y construcción (EPC – empresa ACS), y por parte de la empresa finalmente receptora de las instalaciones (cliente Enagás).

7) «Informes finales» que se entregan al órgano competente, referidos al cumplimiento administrativo de notificar a la Administración del Estado, con copia a la comunidad autonómica y administración local, los resultados de la operación detallando que han cumplido satisfactoriamente el diseño. Son protocolarios para el expediente de industria y por previa inspección por las autoridades (entidades de inspecciones y control técnico), la concesión de obtención del Acta de Puesta en Marcha.

8) Hazop: Informe sobre el impacto de los riesgos en las instalaciones, donde se incluye la evaluación sísmica de la planta, los equipos y los operarios. Este debe estar firmado por un auditor técnico y una aseguradora y aprobado por el cliente final que, en este caso, es Enagás.

9) Contratos del cierre financiero: Contratos de los avalistas y aseguradoras que definen la responsabilidad de estos durante la vida del proyecto y para determinadas situaciones y riesgos (accidente, fuerza mayor, etc.).

10) Contrato del derecho final de explotación: Establece las condiciones en las que debe entregar el proyecto la empresa concesionaria al cliente final (Enagás) una vez transcurridos 25 años desde el inicio de la explotación.

11) Justificación técnica para la ampliación de 5 a 25 años de la renuncia a la concesión de los almacenes de gas por parte de la empresa concesionaria.

12) Procedimiento de cambio de los límites marítimos de las Comunidades Autónomas de Cataluña y la Comunidad Valenciana de 8 de marzo de 2008 y su justificación técnica.

3. Documentos entregados con la querella “Caso Castor”:

– Querella criminal contra el proyecto Castor en la Audiencia Nacional, recurso de apelación ante la Sala de lo Penal y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, presentados por el grupo ciudadano Caso Castor, conformado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el colectivo activista Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC).

Otros documentos incluidos en la querella:
doc. 1: Informe sobre el sector energético español. Parte II. Medidas para garantizar la sostenibilidad económico-financiera del sistema gasista.
doc. 2: Memoria elaborada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo adjunta al RDL13/2014 – escrito de remisión y documentación por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de las centrales nucleares.
doc. 3: Corrección de errores del Real Decreto 638/2007 de 18 de mayo de las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos.
doc. 4: Concesión para la explotación del almacén subterráneo de gas natural llamado Castor a Escal UGS SL mediante Real Decreto 855/2008 de 16 de mayo (BOE 136 de 5 de junio).
doc. 5: Publicación del BORME que indica que Del Potro fue el liquidador de la sociedad IREM ENERGY SL en 2014.
doc. 6: Declaración de impacto ambiental al proyecto Castor, de 23 de octubre de 2009 (BOE 272 de 11 de noviembre de 2009).
doc. 7: Resolución que declara nula por sentencia de 15 de abril de 2013 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la decisión de no someter a evaluación de impacto ambiental al proyecto de conexión del sistema gasista con el almacén Castor, del 23 de noviembre del 2009.
doc. 8: Sentencia de ratificación al doc. 7 por el Tribunal Supremo mediante sentencia de 10 de junio de 2015.
doc. 9: Recurso de lesividad el Tribunal Supremo que revisa el RD 855/2008 en su artículo 14 mediante sentencia de 14 de octubre de 2013.
doc. 10: Aprobación de la Orden IET/2805/2012 por parte del ex-ministro Soria, que permitió la ampliación de 5 a 25 años del período durante el cual las concesionarias podían renunciar a la concesión.
doc.11: De la sociedad “Watercraft Capital S.A.” que reconoce varios riesgos para la concesionaria del proyecto Castor y para los bonistas, riesgos que nunca llegaron a producirse debido el trato de favor de las instituciones.
doc.12: Licencia de obras de la planta terrestre en Vinaròs anulada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 2 de Castelló por haber obviado la solicitud inicial la Declaración de Interés Comunitario, según se recoge en información periodística del doc.

4. Documentación aportada por el ODG a raíz de su colaboración con la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia (PCDTS):

I. MATERIALES PRINCIPALES GENERALES
– Listado de apariciones del Proyecto Castor en publicaciones oficiales.
– RDL 13 2014, de la indemnización a ESCAL UGS.
– RD 2056/96, de 271296: permiso de investigación prospectiva.
– Orden ECO 3805/2003, 171203: cesión autorizada del permiso a favor de ESCAL UGS S.L.
– Informe del MIT, mayo de 2017.
– Sentencia 152/2017, de 21 de diciembre de 2017. Recursos de inconstitucionalidad 7848-2014, 7874-2014 y 21-2015 (acumulados).
– Resolución municipal del Pleno del Ayuntamiento de Vinarós, de 231211, licencia de obras de la planta terrestre (disponible no accesible).
– Orden Ministerial 130913 suspensión temporal de actividades de inyección de gas colchón (disponible no accesible).
– Sentencia Sala 3ª del Contencioso Administrativo de la AN, 150413 (disponible no accesible).
– Interlocutoria de incoación de Diligencies Previas, Juzgado Instrucción 4 de Vinaròs por denuncia de Fiscalía de Medio Ambiente, 260115 (disponible no accesible).

II. ÁMBITO SOCIAL Y AMBIENTAL
a. Delito social y psicológico. Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia (PCDTS).
– Listado de actuaciones de la PCDTS (alegaciones y denuncias a nivel español y UE).
– Cartas y denuncias de la PCDTS a órganos de la UE.
b. Prevaricación ambiental.
– Estudio UB 2006 «Fallas activas y peligrosidad sísmica al margen noroccidental del surco valenciano».
– Informe EeA «Riesgos potenciales derivados de la inyección de gas natural en la Plataforma Castor».
– Informe del IGN, diciembre de 2013.
– Estudio Observatori de l’Ebre, CSIC y URL, 2005 (disponible no accesible).
c. Incumplimiento legislación ambiental y del derecho a la información.
– Alegaciones de la PCDTS de 2008.
– Alegaciones de APNAL-Ecologistas en Acción Vinaròs de 2008.
– Estudio de Impacto Ambiental SÍNTESIS.
– Estudio de Impacto Ambiental COMPLETO.
– Alegaciones PCDTS al EIA de 2010.

III. ÁMBITO DE CORRUPCIÓN Y ENDEUDAMIENTO LEGÍTIMO
a. Corrupción, entramado empresarial y connivencia de la administración.
– 2007 – BOE contrato ESCAL 400 millones y no concurrencia otras empresas.
– 2012 – BOE Cambio de 10 a 20 años para la retribución del Proyecto Castor.
b. Financiarización e implicaciones del BEI.
– Policy Briefing sobre los Project Bonds – ODG y Counter Balance.
– Interim report de la Comisión Europea sobre los Project Bonds.
– Artículo: «¿Megainfraestructuras para salir de la crisis?» – Re:Common y Counter Balance.
c. Prevaricación y mala administración.
– Comunicado sobre los escenarios no explorados ante la indemnización al Proyecto Castor – ODG.
– Informe sobre el Proyecto Castor – Síndic de Greuges.
– Denuncias por Ayuda Estatal Encubierta.
d. Endeudamiento ilegítimo y arquitectura de la impunidad.
– Informe CNMC de 2016.
– «Financiando Proyectos inútiles: Las deudas del Proyecto Castor» – ODG.

* Enlace para la descarga de toda la documentación:
https://casocastor.net/wp-content/uploads/2018/11/Caso-Castor-Com.Inv_.-Parlament.zip

investigación Castor

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Como grupo ciudadano Caso Castor, hoy hemos abierto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva tras la ratificación del archivo de nuestra querella contra el proyecto Castor por parte de la Audiencia Nacional.

Consideramos que en ámbitos como la corrupción, el concepto de tutela judicial debe ser especialmente amplio dada la complejidad de las investigaciones. Un agujero como el que ha dejado el Castor es un indicio suficiente de que ha habido un problema, como mínimo, de mala praxis de la administración y que esto debe ser investigado. En ningún caso se puede considerar una simple fatalidad.

¿En qué democracia las instituciones judiciales no abren una investigación de oficio ante una situación tan grave como el Castor? La interacción entre poder político y poder económico ha dado como resultado una deuda de 1.350.730.000 euros más intereses para la ciudadanía y una empresa beneficiada con sumas importantísimas y sin concurso público, que además ha desarrollado la obra con importantes sobrecostes.

La función de la instrucción es precisamente la averiguación de los hechos y, en los casos de corrupción, hay que atender a las especiales dificultades que envuelven su denuncia e investigación. Sin embargo nos encontramos que, antes de ni siquiera abrir la causa ni llegar a la instrucción, en la fase de admisión a trámite de la querella, la magistrada instructora se basa en un informe contratado por la propia concesionaria para rechazar las conclusiones que el informe de la Comisión Nacional de la Energía había expuesto sobre el proyecto Castor (informe incluido como documentación en la querella), y que son claramente indiciarias del delito.

Visto los precedentes, consideramos este recurso un mero trámite. Seguiremos persiguiendo nuestro objetivo de que se esclarezcan los hechos, se diriman responsabilidades y se acabe con la impunidad hasta las más altas instancias, pero en paralelo, estamos preparando otras acciones que comunicaremos una vez el Tribunal Constitucional haya resuelto.

@CasoCastor

Descarga del Recurso de Amparo Caso Castor al Tribunal Constitucional

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Comunicado #CasoCastor

La Sala de lo Penal ha confirmado el archivo de la querella #CasoCastor presentada por este grupo ciudadano en la Audiencia Nacional el pasado 27 de febrero. Ello no va a suponer el cierre de la iniciativa judicial ya que desde el grupo promotor, –conformado por el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el colectivo activista Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Catalunya– anunciamos que iremos ante el Tribunal Constitucional.

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