La ciudadanía no queremos volver a pagar el Castor.

La propuesta de enmiendas del grupo ciudadano Caso Castor se extrae de la Proposición de Ley que registraron en el Senado gracias a Compromís.

El RDL fue convalidado en el Congreso el pasado 28 de enero y votado para su tramitación como Proyecto de Ley con carácter de urgencia, por lo que tras su convalidación por la Mesa del Congreso, quedará abierto a enmiendas durante el mes de febrero. Es una oportunidad para mejorar este decreto, que obvia la responsabilidad de la concesionaria en la fallida ejecución de la adjudicación y apunta como única solución pagar dos veces con fondos públicos la compensación ya entregada a la empresa.

El grupo ciudadano Caso Castor se opone frontalmente a esta solución, no solo porque es injusta sino porque van en contra del ordenamiento jurídico vigente. El grupo ciudadano Caso Castor demuestra además que ACS de Florentino Pérez no solo puede sino que debe pagar por su inversión fallida. Es absolutamente viable.

El Código Civil prevé en líneas generales que, «declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que han sido materia del contrato, con los frutos y el precio con intereses» (art. 1303 CC). En el ámbito de la contratación pública, este principio general del ordenamiento jurídico, se encuentra recogido en el artículo 42.1 de la Ley 9/2017 de contratos en el sector público.

Las enmiendas apuntan a este percepto legal para declarar de nulidad de los actos de la adjudicación, «debiendo las partes restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del contrato y, si esto no es posible, deben volver su valor». La parte que resulte culpable, en este caso la concesionaria ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A -presidida por el Sr. Florentino Eduardo Pérez Rodríguez- y DUNDEE Energy, filial de la empresa canadiense DUNDEE, debe indemnizar a la contraria, el Estado, por los daños y perjuicios ocasionados.

Se trata de dar una respuesta jurídica, equilibrada y garantista que solucione, sin perjuicio para la ciudadanía y las arcas públicas, la situación derivada de los derechos de cobro adquiridos sobre el sistema gasista con los que se pagó la compensación económica a la empresa Escal UGS, -participada en un 66,67% por ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A, presidida por el Sr. Florentino Eduardo Pérez Rodríguez- y DUNDEE Energy con un 33,34%, filial de la empresa canadiense DUNDEE.

El almacén geológico de gas CASTOR fue puesto en hibernción a raíz del riesgo sísmico derivado de sus actividades de puesta en funcionamiento. Ahora el Estado debe devolver 1.350,7 millones de euros reclamados por las entidades financieras acreedoras (Banco Santander, Caixabank y Bankia), a quienes corresponden, respectivamente: 700 M€ 450 M€, y 200 M€, más los daños y perjuicios e intereses respectivos generados por el período de impago.

El grupo Caso Castor también ha hecho un análisis pormenorizado del estado de cuentas y solvencia de la sociedad ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., deduciendo que, al menos desde los últimos tres años, esta entidad puede hacer frente a la devolución de la indemnización por el proyecto CASTOR de forma ordenada y sostenible.

Esta es la propuesta que Caso Castor presenta a los distintos partidos de la Cámara para que éstos las puedan llevar y defender en el proceso de enmiendas que pronto se abrirá.

La ciudadanía no debe ni puede pagar dos veces por los errores de ejecución del proyecto Castor.

Aquí el texto de las enmiendas disponible para la descarga.

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Esto permitirá enmendar esta vergüenza: no se puede poner en el mismo saco el rescate a las personas que han sufrido los impactos económicos generados por la COVID-19 con la inversión fallida de Florentino Pérez.

Presentaremos enmiendas que nos permitan desactivar los artículos referentes a endeudamiento las arcas del Estado para hacer frente a la deuda generada por el proyecto y reclamada por la banca.

Desde el grupo ciudadano Caso Castor (impulsado por ODG, Xnet y IDHC) ya presentamos el pasado 11 de noviembre una Proposición de Ley que se ha registrado en el Senado por parte de Compromís en la que da una solución para que la deuda de ACS no las pague el Estado, o sea, una vez más, la ciudadanía, sino ACS. Usaremos este mismo texto para modificar el RDL. Nuestro objetivo es esclarecer el entremado de pagos entre los diferentes actores implicados en la indemnización del proyecto Castor.

Por ello, en nuestra Proposición de Ley, de acuerdo con la Ley 9/2017 de contratos en el sector público, pedimos que se restituyan los pagos realizados, debiendo EscalUGS -conformada por ACS y Dundee Energy-, retornar a ENAGÁS la indemnización percibida junto con los intereses y daños y perjuicios pertinentes, para que, a través de esta entidad, el Estado pueda así honrar su deuda con las entidades financieras acreedoras.

En la Proposición de Ley hemos demostrado la viabilidad económica de ACS para cubrir las deudas contraídas con el fracaso del Castor y más habiendo repartido dividendos durante la pandemia.
El Castor, que lo pague ACS, no la ciudadanía una y otra vez.

Texto de la Proposición de Ley del Grupo Ciudadano Caso Castor.

Comunicado del 26 de enero.

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El Grupo Ciudadano Caso Castor (impulsado por ODG y Xnet) denuncia la deplorable operación política del Real Decreto-ley que pone en el mismo saco el Salario Mínimo Vital y otras medidas para rescatar a las personas con el rescate de las injustificables deudas contraídas para librar de sus deudas a ACS de Florentino Pérez por su invesión fallida del Castor. Caso Castor pide a los partidos que voten para que se transforme en Proyecto de Ley y pueda ser enmendado y desactivado.

El Grupo Ciudadano Caso Castor (impulsado por ODG y Xnet) ya presentó el pasado 11 de noviembre una Proposición de Ley que se ha registrado en el Senado por parte de Compromís en la que da una solución para que las deudas de ACS no las pague el Estado -o sea, una vez más, la ciudadanía- sino ACS.

En el RDL 39/2020, de 29 de diciembre, «de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias» el Gobierno – ¡¿de izquierda?! – permite suscribir deuda a cuenta de las arcas públicas para la devolución del dinero aportado por la banca (Caixabank, Santander y Bankia) para ‘indemnizar’ a la ex-concesionaria EscalUGS-ACS por la paralización del fallido almacén de gas Castor.

Mañana jueves 28 de enero, en la agenda del pleno extraordinario en el Congreso, está previsto convalidar este Real Decreto Ley 39/2020.

La Plataforma ciudadana pide a los partidos no convalidarlo y votar a favor de tramitarlo como proyecto de ley con carácter de urgencia para poder presentar una enmienda elaborada desde la sociedad civil que propone que este importe sea restituído por la ex-concesionaria.

En nuestra Proposición de Ley, de acuerdo con la Ley 9/2017 de contratos en el sector público, deben restituirse las cosas recibidas, debiendo EscalUGS -conformada por ACS y Dundee Energy-, retornar a ENAGÁS la indemnización percibida junto con los intereses y daños y perjuicios pertinentes, para que, a través de esta entidad, el Estado pueda así honrar su deuda con las entidades financieras acreedoras.

La Proposición de Ley prevé el inicio de un procedimiento por el cual se recupera la cantidad abonada por ENAGÁS a la concesionaria Escal UGS ya que el Tribunal Constitucional anuló el contrato que generó la deuda, por lo que esta no debe recaer sobre el Estado y en consecuencia sobre la ciudadanía. En la Proposición pormenorizamos la situación económica de ACS de Florentino Pérez y demostramos la viabilidad de que asuma las deudas contraídas con el fracaso del Castor. Y más habiendo repartido dividendos en plena pandemia. 

Texto de la Proposición de Ley del Grupo Ciudadano Caso Castor.

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13/11/2020 – ACTUALIZACIÓN: Ley Castor registrada en el Senado
EL GRUPO PARLAMENTARIO De ESQUERRA CONFEDERAL (ADELANTE ANDALUCIA, MÉS PER MALLORCA, MÁS MADRID, COMPROMÍS, GEROA BAI Y CATALUNYA EN COMÚ PODEM), a instancia del senador Carles Mulet (Compromís) y de acuerdo con el que establecen los artículos 174 y 175 del Reglamento de la Cámara, solicita la tramitación en la Comisión que corresponda, de la siguiente Proposición de Ley para atribuir las obligaciones de pago relativas a la indemnización por la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas natural «Castor».
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La Proposición de Ley prevé el inicio de un procedimiento judicial para recuperar la cantidad abonada por ENAGÁS a la concesionaria Escal UGS ya que el Tribunal Constitucional anuló el contrato que generó la deuda, por lo que esta no debe recaer sobre el Estado y en consecuencia sobre la ciudadanía; que una comisión parlamentaria revise las partidas presupuestarias y el informe técnico completo del proyecto, ya que revisando las cuentas de ACS es evidente que puede asumir los costes que ha generado y más habiendo repartido dividendos; la revisión por el Gobierno de los elementos técnico-jurídicos del proyecto y determinar los mecanismos para un cierre justo. Simultáneamente se redactará un Proyecto de Ley para que el coste del desmantelamiento no recaiga en la ciudadanía a través de mecanismos directos o indirectos.

Texto de la Proposición del Grupo Ciudadano Caso Castor compuesto por Xnet, Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) e Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDCH): https://casocastor.net/wp-content/uploads/2020/11/proposicion_ACS2020.pdf

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