La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha desestimado investigar las posibles irregularidades contables derivadas de los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros de 3 de octubre de 2014, en el que el Gobierno acordaba abonar a la sociedad ESCAL UGS SL la cantidad de 1.350.729 miles de euros tal y como le solicitaba el grupo Caso Castor, compuesto por Xnet, ODG e IDHC.
En ese consejo de ministros se decidió la medida excepcional de indemnización a ESCAL UGS S.L. a través de ENAGÁS TRANSPORTE, en menos de 35 días y en un único pago, además de un derecho de cobro a costa del sistema gastista, y concretamente, con cargo a la factura mensual de los ciudadanos por 30 años, no solo por esta cantidad, sino por los trabajos que esta sociedad llevaría a cabo en concepto de “mantenimiento de las instalaciones”, trabajos que ascendían a unas cantidades elevadísimas.
El grupo Caso Castor justificaba su solicitud en base a la Sentencia del Tribunal Constitucional que de 21 de diciembre de 2017 que consideró que esta decisión fue “una inadecuada alteración del sistema de fuentes del derecho que choca con el art. 86.1 CE” por lo que el grupo Caso Castor considera fue adoptada de forma inadecuada y comportaron perjuicios a las arcas públicas.
Pero la Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que debemos ser nosotras las encargadas de probar el daño real y efectivo en los fondos públicos. Considera que la Fiscalía no puede entrar a valorar si una decisión ha sido oportuna o no aunque esto no fue así al menos en la primera sentencia del Tribunal de Cuentas para los fondos buitre del gobierno de Anna Botella en Madrid.
Desgraciadamente nosotros no somos el Tribunal de Cuentas y no tenemos potestad ni posibilidad para indagar procesos absolutamente opacos que no han respetado los mínimos exigibles en materia de transparencia. Así que otro episodio del los abusos sistémicos quedarás sin ser investigado aunque no desfallecemos y seguimos buscando cauces para que se haga luz y justicia sobre el despropósito del Castor.
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