En respuesta al Real Decreto-ley 39/2020 -sobre el endeudamiento del Estado para pagar a la banca acreedora de la ‘indemnización’ de ACS-, el grupo ciudadano Caso Castor (Xnet, Observatorio de la Deuda en la Globalización e Instituto de Derechos Humanos) presenta hoy a partidos políticos su propuesta de enmiendas.
La ciudadanía no queremos volver a pagar el Castor.
La propuesta de enmiendas del grupo ciudadano Caso Castor se extrae de la Proposición de Ley que registraron en el Senado gracias a Compromís.
El RDL fue convalidado en el Congreso el pasado 28 de enero y votado para su tramitación como Proyecto de Ley con carácter de urgencia, por lo que tras su convalidación por la Mesa del Congreso, quedará abierto a enmiendas durante el mes de febrero. Es una oportunidad para mejorar este decreto, que obvia la responsabilidad de la concesionaria en la fallida ejecución de la adjudicación y apunta como única solución pagar dos veces con fondos públicos la compensación ya entregada a la empresa.
El grupo ciudadano Caso Castor se opone frontalmente a esta solución, no solo porque es injusta sino porque van en contra del ordenamiento jurídico vigente. El grupo ciudadano Caso Castor demuestra además que ACS de Florentino Pérez no solo puede sino que debe pagar por su inversión fallida. Es absolutamente viable.
El Código Civil prevé en líneas generales que, «declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que han sido materia del contrato, con los frutos y el precio con intereses» (art. 1303 CC). En el ámbito de la contratación pública, este principio general del ordenamiento jurídico, se encuentra recogido en el artículo 42.1 de la Ley 9/2017 de contratos en el sector público.
Las enmiendas apuntan a este percepto legal para declarar de nulidad de los actos de la adjudicación, «debiendo las partes restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del contrato y, si esto no es posible, deben volver su valor». La parte que resulte culpable, en este caso la concesionaria ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A -presidida por el Sr. Florentino Eduardo Pérez Rodríguez- y DUNDEE Energy, filial de la empresa canadiense DUNDEE, debe indemnizar a la contraria, el Estado, por los daños y perjuicios ocasionados.
Se trata de dar una respuesta jurídica, equilibrada y garantista que solucione, sin perjuicio para la ciudadanía y las arcas públicas, la situación derivada de los derechos de cobro adquiridos sobre el sistema gasista con los que se pagó la compensación económica a la empresa Escal UGS, -participada en un 66,67% por ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A, presidida por el Sr. Florentino Eduardo Pérez Rodríguez- y DUNDEE Energy con un 33,34%, filial de la empresa canadiense DUNDEE.
El almacén geológico de gas CASTOR fue puesto en hibernción a raíz del riesgo sísmico derivado de sus actividades de puesta en funcionamiento. Ahora el Estado debe devolver 1.350,7 millones de euros reclamados por las entidades financieras acreedoras (Banco Santander, Caixabank y Bankia), a quienes corresponden, respectivamente: 700 M€ 450 M€, y 200 M€, más los daños y perjuicios e intereses respectivos generados por el período de impago.
El grupo Caso Castor también ha hecho un análisis pormenorizado del estado de cuentas y solvencia de la sociedad ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., deduciendo que, al menos desde los últimos tres años, esta entidad puede hacer frente a la devolución de la indemnización por el proyecto CASTOR de forma ordenada y sostenible.
Esta es la propuesta que Caso Castor presenta a los distintos partidos de la Cámara para que éstos las puedan llevar y defender en el proceso de enmiendas que pronto se abrirá.
La ciudadanía no debe ni puede pagar dos veces por los errores de ejecución del proyecto Castor.