El estallido del #CasoLaSal afianza las dudas ciudadanas sobre los negocios de ACS y Florentino Pérez

Desde #CasoCastor constatamos la necesidad de investigar las distintas operaciones financieras y procedimientos administrativos detrás de los proyectos concesionados a ACS, que cargan a la población con riesgos e impactos económicos y socio-ambientales.

El Caso La Sal, investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, aviva de nuevo una opinión pública ya de por sí crítica con la gestión del riesgo y de los costes en grandes proyectos de infraestructura que acaba pagando la población. El informe apunta a una adjudicación acordada y vehiculada a través del traspaso de la deuda a los presupuestos regionales, el uso de contratos y facturas simuladas, entre otras irregularidades contables. Según expertos en delitos económicos de la policía, se habla de hasta 32 personas que podrían haber colaborado en un presunto fraude que sigue pautas coincidentes con el esquema del proyecto Castor, sobre el cual hemos presentado una querella en la Audiencia Nacional el pasado 27 de febrero. Entre los señalados en el Caso La Sal se encuentran empleados y directivos de ACS y su filial Cobra, altos cargos del Gobierno murciano -como el exconsejero de Agricultura y Agua del PP Antonio Cerdá (2007-2015)- empresarios de la zona y distintos bufetes de abogados.

Las investigaciones apuntan a ACS y al Gobierno regional, que habrían acordado licitar la instalación al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. En el Caso La Sal, las filiales de Desaladora de Escombreras SA (constituida por ACS el 25 de enero de 2006) serían las que ejecutarían las obras de la infraestructura. Se trata de una anomalía que parece repetirse en el Caso Castor, tal y como se recoge en la memoria elaborada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 2014, donde se concluye que la realización de los trabajos de construcción se encuentra plagada de irregularidades que no fueron detectadas durante la fase de ejecución y que se caracterizan por un incremento de costes y una (auto)adjudicación de la mayor parte de los trabajos a ACS o a empresas vinculadas al grupo.

Durante la investigación de la UDEF al Caso La Sal también se han hallado correos electrónicos que apuntan a que desde 2005 distintos cargos del PP se habrían comunicado con la empresa y le habrían asegurado que la administración y la participación pública iban a asumir las distintas cargas en última instancia. Con el Caso Castor, es coincidente la protección del lucro privado a través de garantías públicas (o a costa de la ciudadanía), que se han hecho visibles con la indemnización exprés a ACS, sobre la que el mismo Tribunal Constitucional falló en contra el pasado mes de diciembre. De un modo similar, también distintas instituciones, organizaciones y medios de comunicación han denunciado precisamente la falta de concurso público y la, como mínimo inusual, adjudicación de la concesión, en la que una sola empresa -ACS- se presentó como candidata.

En el Caso La Sal se habrían producido otras anomalías que a posteriori tienen un impacto sobre la ciudadanía, como el hecho de que el Gobierno de Valcárcel crease (menos de un mes después de la constitución de Desaladora de Escombreras SA) la empresa pública Hidronostrum SA y la autorizara para que comprara el 51% de las acciones de Desaladora de Escombreras SA, pasando así a ser un proyecto participado mayoritariamente por la Administración, durante el mandato de Ramón Luis Valcárcel (1995-2014). En el Caso Castor esta transferencia se hace a través de la conocida cláusula 14, nunca antes vista en contratos para el mismo tipo de infraestructuras. Las cláusulas de compensación a las empresas concesionarias en caso de extinción de la concesión sí son habituales, pero en el caso del contrato de explotación del proyecto Castor se añade expresamente la particular especificación que se garantice el cobro de compensación incluso en casos de dolo y negligencia imputable a la empresa concesionaria.

Otro de los hechos que resalta la investigación en el Caso La Sal es que el gobierno murciano habría presentado él solo los avales necesarios para el financiamiento con Banesto. Según las investigaciones de la UDEF las negociaciones del ejecutivo con el banco, en las que la administración asumía las obligaciones de pago de la Desaladora de Escombreras SA como propias, incluyen una carta que fue redactada por directivos de la misma ACS, sin que ningún gestor público pudiera oponerse al envío de dicha comunicación. Las irregularidades por parte de los actores de la administración en diversos procedimientos se han visibilizado también en el Caso Castor. Solo por recordar algunos ejemplos, sorprende la modificación de los límites marítimos entre la Comunidad Autónoma de Catalunya y la provincia de Castellón, a través de una “Corrección de errores del Real Decreto 638/2007 de 18 de mayo de las Capitanías Marítimas y los Distritos Marítimos” consiguió dejar en aguas valencianas la plataforma marítima del Proyecto Castor, dejando de lado las exigencias y condiciones que la administración catalana había requerido a la concesionaria. También a nivel de sobrecostes existen indicios en el Caso Castor. En el análisis que la misma Comisión Nacional de la Energía (CNE) hace en el “Informe de supervisión sobre la forma de contratación de las principales partidas de inversión en el almacenamiento subterráneo Castor durante el primer semestre de 2009”, la CNE realiza observaciones en la línea de la imposibilidad de valorar la adecuación económica puesto que no hubo concurrencia suficiente de ofertas, o que el método de facturación utilizado “no incentiva a ACS a la reducción de costes del proyecto, ya que, a mayor coste del proyecto, mayor es su beneficio“.

Así pues, el Caso La Sal plantea un proyecto y una lógica de negocio que no es nuevo, impulsado a través de un modelo que nos está llevando hacia una nueva burbuja de la construcción a cargo de las arcas públicas: las Asociaciones Público-Privadas (APPs), en el que se han encontrado indicios de que la parte pública ha asumido la mayor parte de los riesgos y costes, generalmente desorbitados. Se trata de modelos que allanan ad-hoc el terreno administrativo para asegurar unos plazos ajustados y la apertura de oportunidades de negocio a medida, que incentivan la inversión privada apuntalándola a través de facilidades y del traspaso de los costes a la esfera pública, que se están dando repetidamente en el Estado con la construcción de grandes infraestructuras, que muchas veces acaban siendo rescatadas.

El pasado mes de marzo, el Tribunal de Cuentas Europeo ha concluido en su nuevo informe que las APPs de la Unión Europea adolecen de deficiencias generalizadas y beneficios limitados, indicando que no pueden considerarse una opción económicamente viable para la creación de infraestructuras públicas. Por este motivo es urgente que iniciativas como la querella Caso Castor permitan esclarecer los acontecimientos e identificar a los presuntos responsables que han causado, y siguen causando, un agravio todavía no reparado, al conjunto de la población, y se ponga freno inmediato a este modelo, donde el negocio es construir.

En un momento en el que cada vez más es necesario poner luz sobre aquello que ha sido decidido entre despachos y palcos, pero que afecta a toda la ciudadanía, siguen apareciendo casos que apuntan a graves delitos en contra del interés general. En este contexto es ineludible que casos paradigmáticos como Caso Castor sean lanzados a la palestra para una depuración escrupulosa de las responsabilidades y decisiones tomadas en el pasado, para que éstas no vuelvan a repetirse en un futuro.